Anoche el gobierno nacional terminó de redactar una nueva versión del proyecto conocido como “Ley Ómnibus” para enviarlo a los gobernadores con el propósito de sumar votos de los legisladores nacionales de las principales provincias argentinas y así lograr aprobarlo antes del próximo 25 de mayo en el Congreso.

El proyecto, tal como se había prometido, no contempla ninguna propuesta de aumento de derechos de exportación. Tampoco contiene ninguna iniciativa relativa a la actualización del régimen de promoción de biocombustibles, el cual fue dejado para ser tratado más adelante.

El “corazón” del texto es la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”, de manera tal de conferir facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en ese período.

“El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”, señala la iniciativa.

En el proceso de reorganización administrativa del Estado nacional, se indica de manera explícita que no quedará comprendido el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Se confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de reorganizar o privatizar parcial o totalmente a las empresas del Estado nacional, entre las cuales se incluyen Banco Nación y el Belgrano Cargas. También lo faculta para “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”.

En lo que respecta a los fondos fiduciarios, se aclara que el “Poder Ejecutivo nacional deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas”. Esto es importante en lo que respecta, por ejemplo, a los diferentes fideicomisos de interés agropecuario.

Además se establece un régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, así como otro de regularización de activos para residentes y no residentes argentinos tanto para bienes locales como presentes en el exterior (“blanqueo”), el cual contempla –con fecha tope de hasta el 24 de noviembre de 2024– una alícuota del 5% sobre el capital declarado superior a 101.000 dólares (por menos se esa cifra no se aplica alícuota alguna).

En otro orden, se crea un régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, con un esquema de progresiva reducción de alícuotas, que finaliza en 2027 con una alícuota única del 0,25%.

El propósito del presidente Javier Milei es poder aprobar la “Ley Ómnibus” antes del próximo 25 de mayo, dado que para esa fecha convocó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a firmar el “Pacto de Mayo”.