Hace pocos días atrás trascendió la preocupación de la industria aviar por la falta de maíz en el mercado interno, un insumo clave en la alimentación de las aves de corral y en la de todos los animales de producción intensiva.

Como era previsible, el planteo de la industria puso en alerta al sector agropecuario, que todavía recuerda las intervenciones sobre el mercado del cereal durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En ese entonces, los precios internos del cereal sufrían un ataque desde dos frentes, por un lado, los derechos de exportación, por el otro, la ausencia de puja entre los exportadores por hacerse de la mercadería, con un mercado maniatado por la política regulatoria (la energía de la competencia estaba puesta en el acceso a las autorizaciones de exportación y no en la adquisición del cereal). Estimaciones propias, que subestiman la dimensión completa del perjuicio, indican que la doble intervención tuvo un costo directo para los productores de maíz, vía menor precio de mercado, de unos US$ 12.000 millones en el período 2008 y 2015; estos recursos fueron transferidos, al menos en una primera instancia, hacia el Estado y los consumos internos.

Por distintas razones, es llamativo el reciente planteo de la industria aviar. Veamos.

En primer lugar, Argentina viene de una cosecha record del cereal, más de 50 millones de toneladas, con rindes históricos en muchas regiones productivas. Nótese que todos los usos internos del maíz (alimentación animal, etanol, molinos, etc.) no superan las 20 millones de toneladas anuales, es decir, absorben menos del 40% del producido total. A diferencia de otros países, que deben acudir a las importaciones para completar sus consumos locales (caso del vecino Chile), Argentina genera enormes excedentes que lo convierten en uno de los grandes exportadores mundiales. Para las granjas de animales o los usuarios industriales, esta fuerte posición exportadora (en todo el territorio) es una ventaja de partida, los costos de transporte hacia los puertos actúan disminuyendo el precio que se paga por el cereal en el interior productivo. 

En segundo lugar, la exportación de maíz se encuentra ya penalizada por un impuesto específico, los derechos de exportación, que no rige en las ventas hacia el mercado local. Desde setiembre del 2018 el cereal vuelve a pagar un impuesto cuando es exportado, tal como sucediera entre los años 2002 y 2015, una tasa del 12% actualmente, de las más altas que se aplican en el país (sólo superada por las que rigen para la soja y sus derivados industriales). Dada la forma en que funciona el mercado, la penalización tributaria sobre la exportación reduce el precio interno respecto de su paridad internacional, afectando a todo grano de maíz; éste último vale menos ex post el impuesto, independientemente de su destino final, de hecho pasa a ser secundario si el cereal termina o no en el mercado externo.

La política de gravar las exportaciones, junto con la gran productividad y competitividad del sector primario, explica por qué Argentina tiene el “maíz más barato del mundo”. En 2019 el cereal cotizó en promedio a US$ 140 la tonelada en el principal mercado formador de precios del país (Bolsa de Comercio de Rosario), mientras que se pagó US$ 142 en el gran mercado de cereales del mundo, el de Chicago en Estados Unidos. La brecha se hace más relevante si se compara con los valores de Brasil y Ucrania, otros dos fuertes exportadores de maíz (US$ 163 y US$ 165, respectivamente) y ni hablar con los que se pagaron en Chile (US$ 205). El país trasandino es muy interesante de analizar por su posición importadora de maíz (básicamente de origen argentino) y exportadora de carnes de producción intensiva (porcina y aves de corral); las granjas chilenas arrancan pagando 40% más por el maíz que una granja argentina (promedio), así y todo, exportan muy buenos volúmenes de carnes, casi similares a los nuestros en carne aviar y muy superiores en carne porcina.

En tercer lugar, la cadena aviar está muy habituada a utilizar herramientas para mitigar riesgos de aprovisionamiento y comercialización. Es común el uso de contratos de “integración” entre granjas e industrias de procesamiento: los “integrados” (granjas) invierten en infraestructura básica (galpones, mobiliario) y prestan servicios de engorde y cuidado de las aves, mientras que las empresas “integradoras” (industrias) aportan el alimento, los pollitos, la sanidad, etc. prácticamente el paquete tecnológico completo, y se comprometen a retirar los animales cuando están en condición de faena, pagando un precio por los servicios prestados. No hay riesgo de colocación de los animales (importante para las granjas) ni de aprovisionamiento (para las industrias). Se trata de acuerdos de mediano y largo plazos diseñados para, entre otros motivos, disponer de un flujo regular y permanente de animales, que permita optimizar tecnologías disponibles y operar en grandes escalas. En una cadena que utiliza estas herramientas y prácticas de coordinación y cooperación entre eslabones, sofisticadas y de uso poco habitual en Argentina, y que se mueve en un entorno de enormes excedentes de materias primas agrícolas, que falte maíz en algún integrador o integrado sería una mala praxis tan básica como improbable.

A esta altura, quizás pueda deducirse que el problema de las granjas y la cadena aviar no puede ser la disponibilidad de maíz, ni la de harinas vegetales, tampoco deberían ser sus precios de mercado, menores a los que se observan en otros países. Si los números del negocio avícola no cierran, si la rentabilidad que se pretende es menor a la que puede obtenerse en el mercado, el foco debería ponerse en el 30% / 40% de los costos que no son de alimentación o en otros factores.

Sería más entendible que la atención y particularmente el reclamo de los actores de la cadena este en la recesión económica, en la volatilidad del tipo de cambio, en la inflación galopante, en la implosión del crédito y en el no haber podido desarrollar una estrategia de crecimiento (probablemente buscada) con menor exposición al mercado interno. Este último punto es central, resolverlo correctamente es muy importante a futuro.

Por un lado, el mercado interno ha dado casi todo lo que podía dar en materia de absorción de proteínas cárnicas; los 43 kilos por habitante de carne aviar que se habrían colocado el año pasado lucen como una cifra difícil de perforar en los próximos, de poco recorrido ascendente, incluso resignando precio y/o con una economía en crecimiento. Hay solo un puñado de países en el mundo que consumen más carne aviar que Argentina (Estados Unidos, Australia, Israel). No debe perderse de vista que los 43 kilos de carne aviar deben consolidarse con los 14/15 kilos de carne de cerdo y los 51/52 de carne bovina, para un total de 108/110 kilos de proteínas animales (y falta contabilizar el aporte de las otras carnes menores). No puede soslayarse que Argentina es el segundo país a nivel global en consumo de proteínas animales, el primero es Estados Unidos.

Por el otro, la cadena debe balancear mejor sus ventas entre mercado interno y externo, la “dolarización de sus costos” y “la de sus ingresos”, a los efectos de reducir el impacto de las recurrentes crisis locales y la volatilidad del tipo de cambio (lamentablemente, estamos y estaremos en Argentina); nótese que actualmente un dólar alto, que podría ser una gran oportunidad, es más problema que solución, ejerce mayor impacto negativo sobre costos (insumos de alimentación y otros dolarizados) que positivo sobre ingresos (poca relevancia de las exportaciones en el negocio). Esto debería cambiar en los próximos años si se quiere expandir la producción de una manera sostenible. 

Afortunadamente el mercado mundial es muy grande; líderes agrícolas, como Estados Unidos o Brasil, que disponen al igual que Argentina de abundantes insumos de alimentación y amplios territorios, colocan 15 / 20 veces más volúmenes de carne aviar que nuestro país, Ucrania exporta entre 2 y 3 veces lo que coloca Argentina, y Chile, en total desventaja de costos productivos, casi el mismo volumen.

Para recuperar la dinámica que alguna vez tuviera el proceso exportador lo importante es, en primer lugar, tener bien claro el diagnóstico, el problema de competitividad nunca será la insuficiencia o el costo del maíz, o el de las harinas vegetales; lo que abunda nunca puede faltar, contamos con cereales y harinas a precios menores a los de nuestros competidores, no están ahí nuestras debilidades, por el contrario, ahí residen nuestras fortalezas.

La restricción tiene que pasar por otro lado, por otros frentes, por el entorno macroeconómico y de negocios que impide construir competitividad, atraer inversores, capital humano, que no entusiasma a la aventura de crecer y proyectarse al mundo. Si se quieren ejemplos de lo que debemos hacer en los próximos años, se cuenta con dos muy cercanos, Brasil y Chile. Ambos vecinos tienen monedas y precios estables, disponen de un sistema financiero y un mercado de capitales que crecen apoyando la producción, de una política comercial sana, que intenta abrir mercados y no castiga las exportaciones, de una inversión pública constante (quizás insuficiente) para mejorar infraestructuras y sistemas de transporte y logística, etc., en definitiva, en estos países el sector privado cuenta con una política económica que señaliza por donde sigue el camino del crecimiento, y que provee de herramientas, en un comienzo básicas y luego cada vez más sofisticadas, para que las empresas puedan recorrerlo con la confianza de saber que hay buenas chances de, haciendo las cosas bien, lograr los resultados económicos esperados.

Juan Manuel Garzón. Economista Jefe del IERAL de Fundación Mediterránea jgarzon@ieral.org