El principal factor que explica el hecho de que Vicentín –uno de los principales grupos agroindustriales argentinos– haya ingresado esta semana en cesación de pagos es la voracidad fiscal del Estado nacional.

Hasta comienzos de octubre pasado la normativa vigente establecía que el pago de las retenciones móviles (4,0 pesos por cada dólar FOB exportado) debía efectuarse dentro de los 15 días posteriores al registro de cumplido de embarque. Pero a partir del 3 de octubre se determinó que para las ventas externas de trigo, maíz (excepto maíz pisingallo), cebada, sorgo, poroto, aceite y harina de soja el pago del derecho de exportación móvil debía efectuarse dentro de los cinco días hábiles desde la registración de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) por al menos el 90% de la cantidad declarada. En lo que respecta a la alícuota fija del 18,0% aplicada sobre las ventas externas de poroto, aceite y harina de soja, se mantuvo la obligación de abonar al menos 90% del monto total de derecho de exportación dentro de los cinco días hábiles desde la registración de la DJVE.

Es decir: a partir de octubre pasado las compañías exportadoras de granos, aceites y harinas vegetales deben adelantar el pago de derechos de exportación al Estado nacional varias semanas o incluso meses antes de realizar la liquidación efectiva de la operación de comercio exterior.

Tal obligación, si bien permitió mejorar de manera sustancial la recaudación tributaria, generó una brecha de competitividad enorme entre los grupos internacionales –que tienen la posibilidad de fondearse afuera– respecto de aquellos que deben proveerse de recursos propios para adelantar el pago de impuestos dolarizados al Estado nacional.

No es casual que desde que se implementó la medida (3 de octubre) a la fecha las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos, aceites y harinas vegetales realizadas por Agricultores Federados Argentinos (AFA), Vicentín SAIC, Molinos Agro y Aceitera General Deheza (AGD) hayan sido escasas respecto de las registradas por los grandes traders globales.

La única excepción es la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en el período declaró un volumen de DJVE equivalentes a la corporación china Cofco y Glencore.

La necesidad de adelantar DJVE en la actual coyuntura es crucial para poder cubrirse del incremento de derechos de exportación agrícolas que seguramente aplicará el nuevo gobierno de Alberto Fernández (el cual asumirá el próximo 10 de diciembre), dado que, al registrar DJVE, la alícuota de la retención por aplicar es la del momento del registro de la operación.

Por tales motivos, la obligación de adelantar el pago de derechos de exportación, además de complicar financieramente a las compañías agroindustriales argentinas en el corto plazo, las compromete impositivamente en el mediano plazo respecto de aquellas corporaciones que cuentan con liquidez suficiente para adelantar declaraciones de ventas externas.