ValorSoja.- El negocio de vender granos a fijar es por cierto mucho más cómodo: no se paga flete corto ni paritaria ni costo de almacenamiento en silobolsa y demás. Pero tiene riesgos: uno de ellos es perder el capital si el que recibe la mercadería entra en una cesación de pagos (caso Vicentin SAIC). Otro es que desaparezca la referencia de precio sobre la cual debería fijarse el valor final de venta.

La distorsión comercial introducida por el régimen del “dólar soja” provocó múltiples inconvenientes, uno de los cuales es la no-publicación del precio de la soja “pizarra” por parte de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para los empresarios agrícolas profesionales, que gestionan la comercialización en base a futuros y opciones del Matba Rofex, lo que suceda con el precio de la soja “pizarra” los tiene sin cuidado. Pero existe una proporción de productores que venden soja a fijar o realizan canjes de insumos con operaciones abiertas atadas a la evolución del precio “pizarra” Rosario. La cuestión también afecta a quienes realizan contratos de alquileres agrícolas en quintales de soja por hectárea y valorizan al poroto con esa referencia (ahora fantasmal).

En lo que va del presente mes el precio “pizarra” de la soja fue publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario en apenas cinco oportunidades. ¿Pueden hacer algo así? La respuesta es un rotundo sí.

El decreto 1058 del año 1999 –actualmente vigente– determina que “las Cámaras Arbitrales de Cereales podrán informar diariamente el precio de la mercadería disponible de los distintos granos, con entrega inmediata y pago al contado, en base a los valores a los que se hubieran comercializado los distintos productos en su plaza, y tomando como referencia la información que obtengan, tanto de los operadores como de recintos específicos de negociación que existan en el ámbito de su actuación, con relación a transacciones que se consideren representativas la realidad del mercado”.

El decreto también especifica que “los precios que informen las Cámaras tendrán carácter orientativo y se denominarán precios de cámara, no siendo obligatorios para las partes en ningún segmento de comercialización, salvo pacto expreso en contrario”.  Sin embargo, el decreto también determina que “las Cámaras no informarán precios para un determinado producto, cuando no se conozcan operaciones del mismo” o bien “cuando las conocidas no se consideren representativas de la realidad del mercado”.

Por lo tanto, el precio “pizarra”, según lo establecido por el decreto de 1999 (¡el siglo pasado!), surge de los datos de operaciones enviados (¿por fax?) a la Cámara Arbitral, los cuales son evaluados por una comisión “de semana” que debería estar integrada por representantes de los tres sectores de la cadena: producción, demanda e intermediación.

Pero, por ejemplo, si nos fijamos quiénes son los “semaneros” que estuvieron esta semana determinando (o no) precios pizarra de los granos, veremos que hay representantes de la exportación, la industria aceitera, las cooperativas, los acopiadores y los corredores de granos. Pero ninguno de la producción.

La realidad es que esa referencia (o no referencia ahora porque no existe) ya no tiene sentido alguno, porque existen otras dos fuentes de información mucho más precisas.

La primera es el valor de la soja Rosario disponible del Matba Rofex, que se informa diariamente y corresponde a precios conformados por ventas de un volumen de 100 toneladas de poroto condición cámara.

La segunda es el valor informado al final de cada jornada en la plataforma Sio Granos, que se confecciona en base a un promedio ponderado de todas las operaciones realizadas con destino al norte y sur de las terminales de Rosario tanto de soja cámara como fábrica.

Además del precio, tanto el Matba Rofex como Sio Granos también informan el volumen diario comercializado para tener una idea de cuán representativo es el valor publicado.

Los problemas que se están presentando ahora con las fijaciones de soja Rosario “pizarra” ya ocurrieron con los cereales en la primera intervención de mercado realizada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por entonces también hubo quejas inicialmente por parte de los productores, aunque posteriormente buscaron otras referencias de precios u otras maneras de gestionar la comercialización de trigo y maíz.