La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), según cálculos que consideran una utilidad del 20% sobre el costo operativo, determinó que una tarifa de 9165 pesos por hectáres ($/ha) es lo apropiado para cobrar por una cosecha de trigo con un rendimiento promedio de 42 quintales por hectárea (qq/ha).

Pero, tal como sucede todos los años, los valores efectivamente abonados están muy lejos de las pretensiones de la cámara que representa a los contratistas, dado que en la zona núcleo pampeana, donde se registran –hasta el momento– rendimientos promedios de 41-43 quintales, los valores abonados por el servicio se cosecha se encuentran en un rango de 6.200 a 7.200 $/ha, dependiendo del área por recolectar y la tecnología de los equipos de cosecha.

De todas maneras, se trata de valores superiores a los obtenidos en Entre Ríos y centro-norte de Córdoba y de Santa Fe, donde en muchos campos los valores negociados no superaron los 5000 $/ha, aunque con rendimientos, claro, sustancialmente inferiores a los registrados en la zona núcleo.

Debido a que el servicio de cosecha emplea activos en gran parte dolarizados pero recibe ingresos en pesos, Facma calcula que el 30% del costo corresponde a amortizaciones e intereses, que, al momento de negociar tarifas, es un aspecto no contemplado por muchos contratistas por la elevada competencia existente en el sector.

Se trata, nada menos, que del factor más preponderante en la conformación del costo de referencia elaborado por Facma, porque en segundo lugar se ubica la conservación y reparaciones de los equipos con un 18%.

Otro de los factores que explican la brecha entre el valor de referencia publicado por Facma y los precios negociados en el mercado es un ajuste de la rentabilidad del servicio prestado, el cual suele manifestarse proporcionalmente a la cantidad de hectáreas por cosecha en un establecimiento.

Vale tener en cuenta que los cálculos están realizados con un tipo de cambio (oficial) intervenido por el gobierno, el cual se encuentra muy por debajo del valor definido por el mercado (MEP), algo que representa un riesgo latente enorme para la actividad en el actual escenario de inestabilidad cambiaria.